el 82% movil

El discurso opositor recuerda el de los gobiernos que se sucedieron a partir del derrocamiento de Juan Perón en 1955. Por ejemplo, la Convención Constituyente, convocada por un decreto de Pedro Aramburu e Isaac Rojas para reformar la Constitución Nacional, derogada por otro decreto de los mismos dictadores, sólo alcanzó a aprobar un añadido al artículo 14 que consagró en el papel todos los derechos del trabajador que el gobierno había eliminado en los hechos: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. También prometía los beneficios de la seguridad social obligatoria, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia y acceso a una vivienda digna. El mismo gobierno que había intervenido la CGT, ilegalizado las huelgas y fusilado trabajadores, les ofrecía en el papel a los gremios convenios colectivos, conciliación y arbitraje sobre salarios y condiciones de trabajo, estabilidad en el empleo de los delegados y derecho de huelga. El artículo fue votado por unanimidad, en una Convención de la que había sido proscripto el partido mayoritario. Los convencionales y el público aplaudieron de pie y entonaron el himno nacional. Pocas veces el divorcio entre la palabra y la acción había sido más nítido. El espejismo del 82% móvil fue obra del gobierno radical que sucedió a aquella dictadura, presidido por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, el mismo que decretó el plan CONINTES y militarizó a los trabajadores en huelga, de modo que personal militar llegó a conducir trenes. El 82% sólo correspondía al salario mínimo, para los más altos no llegaba al 15% y para los medios apenas superaba el 50%. Pero aun para los mínimos su vigencia fue efímera. El derecho existía, pero se acumularon los juicios, hasta que la dictadura de Juan Onganía los paralizó en la década del 60. La hipótesis de que el gobierno que mejor ha tratado a la clase pasiva desde entonces y que casi ha duplicado la cantidad de jubilaciones y pensiones que se pagan pueda ser acorralado en este tema por las mismas fuerzas políticas que desfinanciaron el sistema previsional al reducir las contribuciones patronales, que lo privatizaron para que diera lugar a un negocio financiero, que endeudaron a la sociedad para cubrir ese bache y que hasta redujeron ingresos nominales revela un optimismo a toda prueba. Nada indica que el Grupo Ahhh... consiga siquiera llevar al recinto la cuestión. No obtuvo dictamen en la estratégica comisión de Presupuesto y en la única que le resultó propicia, la de Previsión Social, no pudo unificar un dictamen y presentó dos. Uno de la mayoría (Pro, Peornismo opositor, CCL, Socialistas, UCR, Gen) que se despreocupa por cómo financiar el incremento de las prestaciones, y otro de minoría (Proyecto Sur) que para ello propone restituir los aportes patronales suprimidos en 1993 por el dúo Menem-Cavallo. Es obvio que quienes se batieron hace apenas dos años en contra de las retenciones agropecuarias no apoyarán ahora la restitución de los aportes patronales al régimen previsional. Y sin los votos de Proyecto Sur no podrán dar sanción legislativa a su gesto ampuloso. Tal vez la cuestión se zanje con una nueva mejora jubilatoria dispuesta por el gobierno y el subsiguiente debate con la oposición, que se adjudicará el haberlo obligado a hacerlo, como ya ocurrió con la Asignación Universal por Hijo.