Lo que costaría el 82% móvil

Lic. Maria Luz Alonso

Por lo general cuando se piensa en moda rápidamente nos remitimos a las nuevas campañas primavera-verano u otoño-invierno. Pero hay quienes no utilizan esa palabra para esos fines, sino por el contrario, la usan para instaurar falsas expectativas en la sociedad. Me refiero a la oposición política argentina, la cual en su momento puso de moda la negativa a liberar las reservas para propiciar el desendeudamiento argentino, sosteniendo que si accedía, el Poder Ejecutivo iba a “tirar manteca al techo” y dilapidaría el ahorro argentino. Hoy ya no hablan de eso porque el canje de deuda se produjo y en la actualidad tenemos más reservas que en aquel momento (¿alguien recuerda los augurios de Martín Redrado y compañía?

Ahora tenemos un nuevo tema de moda: es el 82% móvil para jubilados y pensionados. La oposición ha lanzado al ruedo el tema para correr por izquierda al Gobierno. Los grandes medios han colaborado en la difusión de la problemática, sin dudas, sensible para toda la sociedad. Lo reprochable de la actitud de las principales fuerzas opositoras pasa por falsear la discusión (volviéndola un clisé) y ocultar argumentos imprescindibles. Por ejemplo: ¿cuál es el costo fiscal de esa intervención?

Veamos cada propuesta opositora. El primer proyecto que se presentó en el Parlamento es el otorgamiento del 82% móvil para todos los haberes del SIPA. Tendría un impacto anual adicional de $140.111 millones, lo que implica un aumento en las erogaciones previsionales del 157,42% con respecto a lo previsto en el 2010, generando así un déficit al ANSES de 11,44% del PBI por año.

El segundo proyecto pretende un haber mínimo equivalente al SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), recomposición de haberes y Movilidad. La implementación de este proyecto tiene un piso de impacto fiscal anual adicional de $77.109,55 millones, lo que lleva a un aumento de las erogaciones previsionales del 86,63% con respecto al previsto en el 2010, ocasionándole un déficit al ANSES anualizado del 6,1% del PBI.

El tercer proyecto, por su parte, propone un aumento del haber mínimo previsional al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente el SMVM es de $1500. Con este proyecto la jubilación mínima pasaría a $1230. La puesta en marcha implicaría un impacto fiscal anual adicional de $22.406 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 25,1% con respecto al previsto en el 2010, propiciando un déficit del ANSES del 2% del PBI anualmente.

El cuarto proyecto determina una actualización del haber previsional según la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este proyecto tiene como objetivo recomponer los haberes previsionales en base a la evolución del RIPTE entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta del beneficio si fuese posterior) y diciembre de 2007. Esto tendría un impacto fiscal anual adicional de $10.252,90 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 11,5% con respecto al previsto en 2010, propiciando un déficit de ANSES anual del 0,9% del PBI.

Por último, se propone combinar los Proyectos de equiparar el Haber mínimo Previsional al SMVM y de Recomponer los Haberes Previsionales según la evolución RIPTE, lo que generaría un impacto fiscal adicional de $29.509 millones, aumento de las erogaciones previsionales del 33,15% con respecto al previsto en el 2010 y un déficit de la ANSES anualizado del 2,5% del PBI.

Como vimos, todos los proyectos implican déficit. Es decir, el gasto previsto supera a los ingresos de la ANSES. ¿Cómo se resuelve la cuestión? De eso no se habla. Una opción, podría ser el endeudamiento externo. Otra: aumentar impuestos a los sectores de mayores ingresos. Por caso, recomponer los aportes patronales. ¿Se animarán las fuerzas políticas que en el pasado lejano y reciente han estado ligadas a las corporaciones (recordar la discusión por la 125, estatización de las AFJP, ley de medios) a avanzar progresivamente sobre los actores más favorecidos? Sería una buena noticia, aunque permítanme dudar.

*María Luz Alonso es Licenciada en Economía (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA.

Agencia Paco Urondo